El penúltimo mantra que repiten los muecines monclovitas es que el Partido Popular no tiene un plan para Cataluña. La única política posible, dicen, es la que desgranó Pedro Sánchez, primero en las penumbras del Liceo y luego, con párrafos copiados, pegados y repetidos, en el diario El País. Bien. Como casi todas las consignas elaboradas en la corte de nuestro presidente, es pegajosa y falsa. Para empezar, la estrategia que promueve Sánchez es exactamente la misma que nos ha traído hasta aquí. Es la que ha empujado a Cataluña por el barranco de la revolución, la ruina y el ridículo, y la que tiene a España chapoteando en una adolescente crisis de autoestima. Con el intenso paréntesis que va del 1 de octubre de 2017 al levantamiento del artículo 155, el Estado sólo ha ensayado una política en Cataluña desde 1978: el apaciguamiento. Y su fracaso ha sido espectacular.

El apaciguamiento ha sido una fábrica de separatistas. Incluso de golpistas. Pregúntenselo a los propios expresos: acabaron en la cárcel y, ahora que los han sacado, insisten en que lo volverían a hacer. Su vida, un bucle: ratones en la noria identitaria. Tenemos que dar a Junqueras, al prófugo y a todos los catalanes la oportunidad de pasar página de verdad. Aunque sea por compasión cristiana, para que el jefe de la CEOE deje de lloriquear y los obispos de fomentar el ateísmo y destruir devociones. Lo que el Gobierno de España debería haber hecho —lo que algún día haremos— es ensayar, de forma profunda y perseverante, la única alternativa moral, eficaz y no derrotista a los problemas catalanes. Esa alternativa es el Constitucionalismo.

El Constitucionalismo no puede seguir siendo la respuesta, conmovedora pero efímera, a una agresión radical: léanse el formidable discurso del Rey, la impresionante manifestación del 8 de Octubre o la movilización electoral que dio una victoria histórica a Ciudadanos. También tiene que dejar de ser sinónimo de resistencia, con sus connotaciones de clandestinidad y fracaso. Debe convertirse en una política de Gobierno y de Estado. Sólidamente financiada, enérgicamente ejecutada y sostenida con paciencia en el tiempo.

La Política Constitucionalista —esta sí es una “nueva política”, la nueva política— tiene tres ejes. En primer lugar, tenemos que revertir el inaudito y claudicante repliegue del Estado. El Estado tendrá que volver a Cataluña, extendiendo su benéfica presencia —parezco de izquierdas— a todos los ámbitos. De lo simbólico a lo concreto. Del más elemental cumplimiento de la Ley al más subjetivo aprecio por lo común. Un ejemplo, que descubrí con estupor durante mi segunda campaña como candidata del PP por Barcelona: la Alta Inspección del Estado cuenta hoy con un solo funcionario para hacer cumplir las leyes educativas en todos los colegios de Cataluña. El resultado lógico es la violación sistemática de esas leyes y el desprecio creciente por lo que los catalanes tienen en común. Entre ellos y con el resto de los españoles.

En segundo lugar, tenemos que trabajar para la deslegitimación del nacionalismo. La vieja batalla cultural, que tanto me gusta y apenas unos héroes han librado en solitario. Esto exige dos cosas. Por un lado, tenemos que combatir no sólo los objetivos de los nacionalistas –la independencia de Cataluña—, sino también sus ideas reaccionarias. Acabar con el único vergonzante hecho diferencial español: el insólito prestigio del que goza en nuestro país una ideología que en el resto de Europa y del mundo es repudiada por egoísta, xenófoba y tribal. En paralelo, tenemos que reivindicar y promover su antítesis: el liberalismo. En un orden liberal, la autonomía política está al servicio de la libertad de los ciudadanos, no de la identidad del territorio. Esto es lo más importante que distingue hoy a Madrid de Cataluña, lo que explica su efervescencia económica y cultural. Sí, el liberalismo es el antídoto frente a la involución identitaria, en la que hoy convergen Sánchez y el separatismo. Y no, Cataluña no está condenada a vivir bajo una costra proteccionista y asfixiante. Una Cataluña liberal es posible y necesaria.

Finalmente, lo más importante, el tercer eje del plan que el Partido Popular sí tiene, mal que le pese a la neurona de la vicepresidenta Calvo. Lo dije mil veces en campaña, pero habrá que insistir: hemos de reconocer que Cataluña está rota —dividida en dos— y otorgar a la mitad constitucionalista lo que nunca ha tenido: Presencia, Prestigio, Presupuesto y Poder. De estas cuatros Ps, la más sexy es la tercera, inevitablemente. El Estado tiene que invertir en la democratización de Cataluña. Y debe facilitar que los empresarios también lo hagan mediante incentivos y recursos. Ser nacionalista en Cataluña es, desde hace décadas, el más eficaz ascensor social, un salvoconducto, un chollo, una fuente de lucro e influencia. Y ser constitucionalista, al revés, es una ruina: la condena a una vida áspera, a contracorriente, del aula a la tumba. Esto se ha de acabar, por injusto pero también por inútil. El “reencuentro” que predica Sánchez sencillamente no es viable a partir de la humillación de la mitad de los catalanes. Sólo será posible cuando la mitad constitucionalista —la que respeta la ley y las opiniones ajenas, la que entiende el profundo valor ético y político de vivir juntos los distintos— tenga, como mínimo, el peso que le corresponde en la esfera pública y privada. Los abrazos se dan entre iguales. Lo otro es Breda. Y que me perdone Ambrosio Spínola por la comparación.

Naturalmente, el fortalecimiento del constitucionalismo no haría desparecer el nacionalismo. Esas son ficciones correlativas. El narcisismo identitario seguiría anidando en el sector más cerril de la sociedad, como el miedo y el odio habitan en el fondo oscuro del cableado humano. Pero ese sector se haría cada vez más débil, más pequeño, como ahora el constitucionalista. Y luego ocurriría otra cosa. Nos evitaríamos el sórdido espectáculo de un Gobierno justificando el indulto de sus socios golpistas en el hecho, hoy indiscutible, de que “tienen una gran relevancia política y social”, ergo, votos. Se lo escuché ayer en directo al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el programa de Alsina. La réplica es evidente. Su argumento del apoyo electoral… ¿Vale también para un corrupto con votos? ¿Y para un agresor sexual con votos? ¿Y para un terrorista con votos? Mejor no mentemos a Bildu. El nombre menos ofensivo que se me ocurre para este razonamiento es la Doctrina Jesús Gil.

Ya para acabar, y sobre todo para que nadie nos acuse de sepultar la ausencia de ideas bajo una montaña de palabras, lo diré de forma sintética: el Estado debe convertirse en una fábrica de constitucionalistas. Hay que frenar la involución identitaria y dar a la libertad en Cataluña una oportunidad. Ese es nuestro plan. Y tiene una última virtud frente a las vacuas rogativas de Sánchez, que sólo pueden arrastrar a los muy creyentes como Javier Cercas: es real.

 

Artículo publicado en El Mundo el 25 de junio de 2021

Foto tomada por mí desde la cabecera de la histórica manifestación del 8 de octubre de 2017 en Barcelona.