El modelo catalán de inmersión lingüística lleva en vigor casi tantos años como duró el franquismo. Tiempo suficiente, supondríamos, para que su objetivo declarado —eso que llamaron la «normalización»— se hubiera conseguido y las dos lenguas catalanas convivieran de forma equilibrada y feliz. Pero, claro, quién determina lo que es normal. ¿El hombre del que Josep Tarradellas ya dijo en 1981 que su objetivo era «utilizar todos los medios a su alcance para hacer posible la victoria de su ideología frente a España»? ¿El individuo que, después de promover un golpe a la democracia en primera persona del singular —el 9-N, a pecho descubierto: «¡El responsable soy yo!»—, va y dice ante el Tribunal Supremo que la Declaración Unilateral de Independencia fue, pues, ya sabe señoría, «puramente simbólica»? Al día siguiente, tras la palmadita en la espalda del juez Llarena —hala, Artur, a casa y sin fianza— Mas se vino incluso más arriba y añadió: «En política, muchas veces un argumento se infla. ¿Esto es engaño? Puede llegar a serlo». Cualquiera le pincha el globo. El modelo de inmersión tenía, en efecto, un vicio de raíz y es que los llamados a interpretar y ejecutar la normalización no tenían un proyecto, digamos, normal. Y el constituyente lo sabía. Si no, de qué el artículo 3.1, donde se presume de lo que íbamos a carecer.
