Algunos recordarán lo que ocurrió en la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, cuando en un debate de Televisión Española me opuse a los planes de la izquierda de introducir en el Código Penal una referencia al consentimiento explícito en las relaciones sexuales: el famoso “sólo sí es sí”. María Jesús Montero casi se desmaya. Gabriel Rufián asumió su papel favorito, entre pendenciero y perdonavidas. E Irene Montero, con la mezcla de frivolidad e impunidad que les caracterizan a ella, su pareja y su partido, me acusó nada menos que de legitimar la violación.  

En la siguiente campaña, la de noviembre, la hoy ministra de Igualdad volvió a la carga. En otro debate, también en Televisión Española, me dijo: “¡Rectifica, Cayetana! Toda España piensa que te equivocaste y que sólo sí es sí”.  

Pues bien. Parece que no toda, toda España piensa que me equivoqué. Es más, parece que la que va a tener que rectificar es ella. 

Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad —es decir, con el voto de todos los vocales: progresistas, conservadores, desideologizados, lo que ustedes quieran— un informe que impugna varios puntos del proyecto de Ley de libertad sexual de Irene Montero. Entre ellos, y tajantemente, su “sólo sí es sí”. 

El Poder Judicial dice dos cosas que varias personas apuntamos en su día. Primero, que la exigencia de consentimiento en toda relación sexual ya está contemplada en el Código Penal. Faltaba más. Y, segundo —y clave— que el consentimiento explícito, el sólo sí es sí, invierte dramáticamente la carga de la prueba. En lugar de que la acusación tenga que demostrar la culpabilidad del acusado —como es propio de todo proceso penal con garantías— es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia, aportando pruebas de que la mujer dijo “sí, sí, sí” hasta el final. 

Es decir, lo que hace el proyecto de la señora Montero es destrozar el principio elemental, esencial, de la presunción de inocencia, que debe ser igual para todas las personas. Que no puede depender del sexo, como tampoco del color de piel, la religión, las creencias o la condición social. En un Estado de Derecho lo que se juzgan son conductas, hechos, no rasgos identitarios. Esa es la gran conquista de la modernidad: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 

Lo que el Poder Judicial no dice es que la fórmula del “sólo sí es sí” refleja perfectamente el marco dominante, que la propia Justicia ha contribuido a reforzar, por ejemplo, avalando la Ley de Violencia de Género que establece agravantes penales de género. A mismo delito, distinta pena en función de si naciste hombre o mujer. Una aberración. 

La izquierda identitaria ha conseguido que en España mayoritariamente se acepte y asuma una falacia ridícula y perversa. La idea de que los hombres son por defecto culpables y las mujeres somos por definición inocentes. 

Piénsenlo un instante. Si la Ley Montero estuviera vigente, ¿cómo haría un hombre acusado para demostrar en un juicio que la mujer dijo “sí, sí, sí” cuando ella asegura que no lo hizo? ¿Qué pruebas podría aportar? ¿Y qué pasaría con los silencios? Si el hombre dijera que interpretó el silencio de la mujer como un sí y ella asegurara que en realidad era un no, ¿a qué conclusión tendría que llegar el juez? 

Bajo la Ley Montero siempre se impondría la versión de la mujer porque la mujer tendría un plus de veracidad. Ya lo sentenció Carmen Calvo, jurista: “Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, y siempre”.

 

La semana que viene es 8 de marzo. 

A ver quién defiende la igualdad. 

 

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