El 20 de octubre de 1996, Jordi Pujol y Marta Ferrusola hicieron su solemne entrada en Lepe como una pareja de virreyes. Sólo les faltó el palio. La senyera ondeaba orgullosa en el balcón del ayuntamiento, y el pueblo —honrado, agradecido, dispuesto a asumir la truculenta ristra de insultos xenófobos de sus invitados a los andaluces— los acogió con fervor. Pujol recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde socialista, José Oria, y luego tomó la palabra con su modestia habitual. “¿Por qué viene Pujol?”, se preguntó, futbolero, mayestático. Y se contestó: No, no viene a Lepe por los chistes sobre la estulticia de sus vecinos; viene por las noticias sobre su pericia en el cultivo de la fresa, casi tan admirable como la de los catalanes pata negra del Maresme. Los empresarios de la zona, y los llegados de todos los rincones de Andalucía sólo para verle, tocarle, cayeron rendidos. El propio alcalde se lo confesó a la prensa: “Yo personalmente he llegado a la conclusión de que lo que queda es la gran humanidad de este hombre y la gran altura política que tiene. No en vano es uno de los personajes más importantes de la vida política española”. Al día siguiente, ante le tout Sevilla, Pujol sacó pecho por el acuerdo de financiación autonómica que acababa de cerrar con el flamante presidente Aznar y reiteró el sutil mensaje que ya había arrojado sobre le tout Madrid: “España debe reconocer el hecho diferencial de Cataluña”. El único que a esa hora lo vio claro fue Paco Frutos, por entonces diputado de Izquierda Unida. La víspera de la visita del Muy Honorable, aconsejó a los leperos: “Vigilen sus carteras”.

Esta anécdota resume cuarenta años de política española. Me vino a la cabeza al leer unas sorprendentes declaraciones del hispanista John H. Elliott al diario La Razón. Preguntado por las causas del último fiasco catalanista, mi admirado maestro contestó: “España no ha implementado adecuadamente el programa lógico de la Constitución, de reconocimiento del pluralismo”. Y yo que creía que había sido exactamente al revés. Dígase en porteño para más efecto: de una sucesión de cesiones sucedió la sediciosa secesión. Los Pactos Autonómicos del 81; la sentencia contra la LOAPA; el derroche transferencial de Felipe González; el carpetazo del Grupo Prisa al caso Banca Catalana; las cíclicas entronizaciones del PNV y CiU; los cándidos Pactos del Majèstic; la abdicación lingüística de Aznar; el Estatutazo de Zapatero; el flácido 9-N de Rajoy; la investidura de Sánchez: pluralísima, desde luego; obscena, terminal. En definitiva, el culto al narcisismo regionalista; el desprecio por el ciudadano; lo que hoy y para siempre llamaré la idolatría de la identidad.

España en un caso curioso, sí. Me atreveré a decir excepcional. Salta a la vista ante el nuevo libro de Jonathan Haidt, The Coddling of the American Mind, algo así como América me mima y al mimarme me mata. En EEUU, como en el resto del mundo civilizado, la corrección política, con su perverso sistema de vetos y blindajes, se ha proyectado exclusivamente sobre ideas justas o positivas. Por ejemplo, la lucha contra la discriminación racial o la igualdad entre hombres y mujeres. El #MeToo es un tumor del feminismo. En España, no. Aquí, la corrección política lleva 40 años extendiendo su manto de angora sobre un sentimiento puramente maligno, el más maligno de los que segrega el puchero humano: la xenofobia.
Imaginen que la ministra principal de Escocia o el gobernador de California o el presidente de Baviera hubieran dicho de sus compatriotas alguna vez algo comparable a esto de Pujol: “El hombre andaluz es un hombre poco hecho, destruido, anárquico. Si por la fuerza del número algún día llegase a dominar, destruiría Cataluña”. O a esto de Torra: los catalanes que hablan español “son bestias con forma humana, […], tienen una tara en su cadena de ADN”. O a esto del ex alcalde de Blanes, el socialista Lupiáñez: “Cataluña es distinta de España como Dinamarca del Magreb”. Estas barbaridades, y estos bárbaros, no han sufrido en España la censura política y social que cualquier otro país reserva a la xenofobia. Aquí, el rechazo al inmigrante no ha cuajado hasta la irrupción de Vox, pero el odio al compatriota ha gozado de absoluta impunidad. Qué digo de impunidad: de atención, adulación y protección. La xenofobia ha sido políticamente correcta. Consensual. Mainstream. Ha sido una xenofobia Sexta, guay. Y luego dicen que la Constitución del 78 es poco British, demasiado rígida. Tan integradora es nuestra Constitución que ha integrado hasta el asco de unos españoles a otros.

 

La explicación adolescente de la actual crisis española es que estamos pagando la factura de Franco. A estas horas, más factura que Franco: llevamos 40 años de Constitución frente a 39 de dictadura. En realidad, el golpe de octubre de 2017 y el debilitamiento del Estado constitucional son el fruto, podrido, de la visión posmoderna de la identidad étnica o cultural. Los nacionalistas antiespañoles, tribalistas de distinto terruño y variable disposición a la violencia, se han beneficiado del ambiente intelectual surgido en los arrabales del 68 francés. Lo mismo ocurre con la izquierda antiigualitaria de Podemos, que pudiendo haber acaudillado el demos ha apostado por romperlo. Unos y otros, reaccionarios y rupturistas, enemigos jurados de la Constitución, han engordado gracias a los anabolizantes de la identidad. A mí me salen siete:

1. El colectivismo: “Un sol poble”. Fracturado hasta la médula. “Hermana, yo sí te creo”. Virgen santísima.
2. El victimismo: “España nos roba”. Que lo repitan los bomberos. “La casta te esquilma.” Con piscina en Galapagar. “¡Ofenden a nuestros niños!” Susana’s last words.
3. El visceralismo: “No hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos”. El golpismo como crimen pasional, aportación de Aranzadi-Montilla.
4. El maniqueísmo: “España contra Cataluña”. Y el historiador Fontana añadió: “Toda independencia necesita su guerra de la independencia”. De momento, a escupitajos.
5. La mentira: “La revolución de las sonrisas”. El celofán de la xenofobia resultó el preludio de un festival de lágrimas.
6. La censura: “TV3, La Nostra”. Qué oportuno: por la cosa. Y la omertà.
7. La sobreprotección: “Hay que hacer política.” El gran eufemismo español. Un juego de suma cero, para que lo entienda Errejón.

“Hacer política…”. Sí, el mantra de Sánchez, y de Calvo, y de Iceta, y de Batet, y de tantos terceristas a lo largo de las décadas, debería esculpirse en mármol. En el mármol de la lápida constitucional. El PSOE, entre el travestismo y la traición, es quien ha otorgado a los enemigos de la Constitución su pátina de respetabilidad. Sin su legitimación, la xenofobia nunca habría llegado a ser políticamente correcta. Ni la postura del PP ante el nacionalismo tan endeble y errática.

El proceso de desconstitucionalización, uf, del PSOE empezó muy pronto, antes del infausto Zapatero. Hay fechas especialmente tristes: una mañana lluviosa de mayo de 2001, en Baracaldo, cuando Felipe González le reventó la campaña a Nicolás Redondo Terreros: “Nico, no te equivoques, nuestros amigos están en el PNV”. Y hay también responsabilidades mediáticas. Esta pedrada de Cebrián tras la mayoría absoluta de Aznar: “De algún modo es como si Franco se hubiera presentado a las elecciones y las hubiera ganado.” Aquella absurda demonización de media España anticipó esta abrasiva deslegitimación de la Transición. Podemos no surgió tanto de una nueva indignación como de un viejo odio, que se encamaró a la crisis económica para rentabilidad de los xenófobos: “España, Estado fallido; españoles, pueblo defectuoso; ¡Viva la autodeterminación!” Y Sánchez no los frenó. Al revés. Se valió de Podemos, de los golpistas y hasta de Bildu para volar en Falcon.

Los enemigos de la Constitución afirman que la España democrática es una prolongación del franquismo. No sé si lo dicen por la presencia del partido de ETA en las instituciones, por las performances semanales del payaso Rufián en el Congreso, por el maltrato a los castellanohablantes en Cataluña, el País Vasco, Valencia, Navarra, Galicia y Baleares, o por el éxito del Orgullo Gay. El único elemento de continuidad entre las dos Españas es precisamente la identidad. España hizo una transición ejemplar de la dictadura a la democracia, pero no hizo la transición de una política identitaria a una política para ciudadanos libres e iguales. A un identitarismo centrípeto le sucedió un identitarismo centrífugo. Según algunos sabios, la responsabilidad es de la propia Constitución. La semana pasada, el PNV, Bildu y Podemos votaron juntos contra lo que llamaron “las bases antidemocráticas” de la Carta Magna, en referencia a la primera parte del artículo 2. La que convierte a un lepero desahuciado en dueño de la catedral de Gerona. La segunda parte de ese mismo artículo, sin embargo, reconoce y garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”. Es una concesión a la identidad, sin duda. Y ahí están los derechos históricos, rescoldos de la reacción. Ahora bien, ¿las leyes hacen a los hombres o los hombres a los leyes? Fue la política la que convirtió un guiño en una consigna, un emocionante esfuerzo de inclusión en una zafia coartada para la segregación. Hubo deslealtad y hubo complacencia. Masivas. Y así quedó el mapa. Mírenlo: los lugares de España con más identitarismo son donde peor cuajó la democracia, donde más, y más impunemente, se han vulnerado los derechos civiles, empezando por el derecho a la vida.

Esta es la lección de estos últimos 40 años, y de los 40 anteriores: identidad y democracia conviven mal. Y por eso, aunque fueran viables, que no lo son, ninguna de las graves reformas constitucionales que hoy se discuten a gritos en la gran barra de bar nacional tiene mayor sentido. La solución a la crisis española no es más identidad. Ni de un signo ni de otro. Es lo contrario: la reafirmacion del ciudadano contra toda forma de colectivismo. Un proceso de desacralización.

Artículo publicado en El Mundo con motivo del 40 aniversario de la Constitución. 

Foto: ABC de Sevilla, 22 de octubre de 1996.