Miércoles, nueve y pico de la mañana, en los estudios de Onda Cero. El presidente Rajoy, hijo de juez, se despereza un instante: «El recurso ante el Tribunal Constitucional se tiene que presentar después del acto administrativo que lo haya motivado. Nosotros no podemos presentar un recurso porque alguien haya hecho declaraciones en los medios de comunicación. Hay que respetar siempre los procedimientos y las normas porque es la forma de respetarnos a nosotros mismos».

Jueves, mediodía, en una rueda de prensa convocada ad hoc en la Moncloa. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría hincha la voz y deja de respetarse a sí misma, como mínimo: «El Gobierno ha solicitado informe al Consejo de Estado para interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la resolución del presidente del Parlament, en la que propone como candidato a Carles Puigdemont al carecer éste de libertad deambulatoria».

El resto ya es historia. A última hora del jueves, el Consejo de Estado presidido por el marianista Romay Beccaría se negó a bendecir la impugnación preventiva del hipotético candidato Puigdemont. Y ayer el Gobierno confirmó que sigue adelante y pasó la palabra al Tribunal Constitucional. Qué contentos estarán los magistrados. Llevan años quejándose de que el Gobierno los utiliza como brazo ejecutor. Los imagino mascullando: «Lo que nos faltaba, tener que asumir nosotros la responsabilidad sobre el mayor ridículo del Estado desde el 9-N». En efecto. Si Puigdemont es investido presidente de la Generalitat, España habrá cerrado el círculo de su descrédito. Ahora bien, como en la lucha contra la corrupción, también en la autocrítica democrática es esencial un reparto justo de responsabilidades.

En los últimos dos meses hemos visto de todo. Sediciosos dando mítines. Presidiarios delegando sus votos. Prófugos de la Justicia española presumiendo impunemente en la capital de Europa. Un juez del Supremo renunciando a la euroorden y dictando autos políticos para justificar su conformismo. Adultos especulando puerilmente sobre investiduras telemáticas, delegadas, esotéricas o lo que sea. El ministro del Interior anunciando el blindaje de las fronteras y el control de los maleteros. Y hasta al PP llamando conciliador a un admirador, y ya veremos si también émulo, de la renegada Forcadell. Son imágenes ciertamente deprimentes. Pero ninguna se habría producido sin una decisión previa, fundacional. Mucho peor que la impugnación precipitada de la investidura de Puigdemont fue la convocatoria precipitada de elecciones autonómicas. Este es el pecado original del que se derivan las burlas cotidianas de los separatistas, los manotazos del Gobierno y el deterioro de la imagen de España y del Estado de Derecho.

El Gobierno no tenía ninguna necesidad de convocar elecciones exprés en Cataluña. «¡Es que el PSOE no le hubiera dado su apoyo al 155!» Peor para el pobre Sánchez. A ver cómo justificaba su decisión ante un electorado de izquierdas por fin reconciliado con la libertad, la igualdad y la bandera. «¡Es que Rivera lo pedía!» Ahora ni siquiera le consultan. El Gobierno podría haber esperado nueve meses, un año, tres… Cinco estuvo suspendida la autonomía norirlandesa sin que ningún editorialista chic decretase la defunción de la democracia británica. Y Spain no es different. Y, aunque lo fuera, la prudencia aconsejaba un tiempo de espera. El necesario para que los jueces —conscientes de la urgencia— hicieran su trabajo. Para que los jefes de la rebelión contra el Estado fueran juzgados y condenados en sentencia firme. Es decir, inhabilitados, legal y legítimamente desposeídos de su derecho a ser votados. Sin la precipitación del Gobierno, Puigdemont estaría ya marchitado en Bruselas. España no estaría ante la tesitura de ver nuevamente ungido al individuo que más gravemente ha violentado la democracia desde Francisco Franco. Sí, peor que Tejero. Y Cataluña estaría reconciliándose consigo misma y con los valores de la Ilustración.

Entre el constitucionalismo inteligente todavía hay quienes defienden la (con)fusión del 155 y las elecciones. Aseguran que el tiempo no habría cambiado el paisaje sociológico catalán. Que los dos millones de votantes separatistas son inasequibles a la razón. Es una visión pesimista y paralizada de Cataluña. Y de cualquier comunidad. Las sociedades no están biológicamente determinadas. No existe un gen de Tractoria, que condena a la mitad de Cataluña al odio, el ensimismamiento y la xenofobia. La política, entendida como pedagogía del pluralismo y la libertad, es decisiva. Lo que impide el cambio es que todo siga igual. Enciendan TV3.

El Gobierno decidió convocar elecciones autonómicas por el mismo motivo que ahora retuerce los procedimientos. Por miedo. Entonces tuvo pánico a ejercer su legítimo derecho a gobernar una autonomía suspendida. Y ahora tiene pavor a una investidura que sus propias decisiones políticas han contribuido a propiciar. Un apunte para angustiados: en el caso de que Puigdemont logre ser investido, ahorrémonos la histeria e invoquemos la belleza del Derecho, su automatismo, su previsibilidad. Se aplica una orden judicial y ya: de 131 presidente de la Generalidad a preso más ilustre de cualquier cárcel española.

Y una vez restaurada la legalidad, levantemos por favor la vista. Miremos hacia adelante. Es cierto: el Estado de Derecho español no es como sus enemigos. Su garantismo le dota de una radical superioridad moral. Pero garantismo no es sinónimo de resignación. Recordemos y renovemos nuestro compromiso con el lema de la ilegalización de Batasuna: sólo con la ley, pero con toda la ley. Hagamos que el sentido jurídico se aproxime lo más posible al sentido común. Movilicemos a Europa para que ni Bélgica ni nadie pueda impedir la entrega de un acusado por la máxima agresión a la democracia. Dejemos de obsesionarnos con la unanimidad en las decisiones de nuestros tribunales, porque esa obsesión revela una fragilidad impropia de una democracia madura y frecuentemente conduce a la parálisis. Preguntémonos, gravemente, si es lógico que personas acusadas de rebelión contra el Estado puedan presentarse a unas elecciones. Si no cabría contemplar alguna forma de medida cautelar. Insisto: ¿Por qué permitimos a unos autoproclamados insurrectos jugar con votos, escaños y leyes? ¿Y por qué aceptamos para los delitos políticos lo que rechazamos categóricamente para los económicos? Me refiero al acuerdo tácito, forjado en los últimos años, por el que los imputados por corrupción son excluidos de las listas electorales. ¿Ladrones no y golpistas sí?

El español mustio señalará que ninguna de estas reformas legales o simplemente morales sirve ya: chapoteamos en un charco de leche. Y es verdad. No hemos sido previsores. Pero qué hay del futuro. Irrumpen los viejos ilusos, pongamos Rajoy o Sáenz de Santamaría hasta hace 72 horas: ¡El nacionalismo ha aprendido la lección; la democracia catalana está encauzada! Ya… Hay que respetar siempre la realidad porque es una forma de respetarnos a nosotros mismos.

Artículo publicado en El Mundo el 27 de enero de 2018.