El ministro de Exteriores es un hombre útil al periodismo. A diferencia de su predecesor, que presumía de criterio propio y secretos de Estado, Dastis es un hombre sencillo y transparente. Un portavoz, a menudo involuntario, de las ideas e intenciones del Gobierno. Ayer volvió a demostrarlo ante los micrófonos de la Cope. Preguntado por la decisión del Tribunal Supremo de no dictar prisión provisional para la golpista Forcadell, contestó: «Todo lo que contribuya a que el proceso de preparación de elecciones en Cataluña transcurra de manera calmada es una buena noticia». De manera calmada… Apunté la frase, encendí el ordenador y en Google tecleé apaciguamiento. Primera acepción: «Establecimiento de la calma y la tranquilidad en el ánimo violento o excitado de una persona». Luego busqué el transitivo en inglés. Del diccionario Webster: Appease: «1: pacify, conciliate; especially: to make concessions to (someone, such as an aggressor or a critic) often at the sacrifice of principles». A costa de los principios… Y en perjuicio propio. Ahí seguimos.

El apaciguamiento es una política vieja de la que hay ejemplos dramáticos. El clásico es la rendición preventiva de Chamberlain ante Hitler. Pero también está la actitud de los atenienses ante el avance de Filipo II de Macedonia, hace 2400 años. O, ahora mismo, la condescendencia de la izquierda occidental ante un Islam reaccionario, misógino, expansivo y violento. El apaciguamiento tiene una explicación naturalista, pinkeriana. Nos gustaría ser buenos y actuamos como si nuestros agresores también lo fueran. Desconfiamos de nuestra propia fortaleza. Y, por encima de todo, tenemos horror al conflicto. Bueno, unos más que otros. Y este Gobierno, el que más.

La revolución se ha estrellado contra el muro de la realidad. Cierto. Hay que celebrarlo. Pero también habrá que preguntarse por la construcción y propagación de la ficción separatista. La mentira de la independencia low cost tiene dos padres: la alucinación nacionalista y el apaciguamiento democrático. Sí, nosotros somos los grandes cómplices de la fábula de una secesión sin sacrificios. Cuando una y otra vez toleramos el atropello de la ley en Cataluña —desde las sentencias lingüísticas hasta el 9-N—, contribuimos al mito de la impunidad judicial. Cuando aceptamos la letanía europea del «asunto interno español», alimentamos la utopía de Catalunya, nou estat de la UE. Cuando seguimos inyectando fondos del FLA en la Generalidad a pesar de su impúdica malversación en propaganda y embajadas antiespañolas, reforzamos la falacia de una secesión sin coste económico o éxodo empresarial. Cuando negamos al resto de españoles su derecho a intervenir en los asuntos de Cataluña —por ejemplo, a mí la entonces diputada Montserrat— legitimamos la trampa de un perímetro soberano catalán. Y cuando ignoramos la existencia de una Cataluña no nacionalista, sancionamos la primera mentira del proceso: la idea de una comunidad homogénea y por tanto inmune a la fractura social. Por cierto, ni uno solo de los héroes de la larga y árida resistencia catalana ha sido reconocido todavía con la medalla al mérito constitucional. Y la sigue teniendo Pujol.

Lo asombroso, en todo caso, no es la ausencia de autocrítica sino el empeño en el error. La crisis catalana ha dejado dos lecciones importantes para el constitucionalismo, que el constitucionalismo, misteriosamente, se niega a asumir. La primera tiene que ver con la virtud pedagógica de la ley. Horas antes de la decisión del Supremo sobre Forcadell, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo que el juez debía tener en cuenta la ley y también «el contexto». Es decir, las elecciones autonómicas. Es un ejemplo deplorable de la presión política a la que está sometida la Justicia en España. En el caso de los presuntos corruptos, para encerrarlos. Y en el caso de los seguros golpistas de ideología nacionalista, para soltarlos. Y sobre todo es un reflejo perfecto de la estrategia de apaciguamiento que el constitucionalismo comparte al completo. Ayer remató Borrell: «Cuantos menos responsables políticos estén en prisión, mejor para las elecciones». Y lo mismo opinan los líderes de Ciudadanos, aunque sólo lo digan en privado.

La realidad es exactamente la contraria: la ley no moviliza a los separatistas; es lo único que los frena. Y por si no bastaran los últimos 40 años para demostrarlo, ahí está lo ocurrido la noche del jueves, en una gélida y fantasmal plaza de la villa de París. No fue el apaciguamiento lo que empujó a Forcadell a pulverizar los límites de la dignidad, acatar el 155 y aceptar el marco constitucional. No fue el diálogo ni la promesa de una nueva negociación sobre competencias, financiación o el derecho a decidir. Fue la amenaza seca y concreta de la cárcel. Es decir, la máxima expresión de la fuerza del Estado. La prueba de su disposición a asumir el conflicto como parte inevitable de la defensa de la democracia.

La segunda lección clave para el constitucionalismo afecta a la relación con sus propias bases. Los partidos siguen pensando que Arriola tiene razón. Es decir, anteponen la desmovilización del voto ajeno a la movilización del propio. Esta convicción tiene un asidero histórico: las elecciones vascas de 2001. Ahora bien, ¿qué hubiera ocurrido si en lugar de una reagrupación constitucional de alto voltaje, Jaime Mayor y Nicolás Redondo hubieran concurrido por separado y de perfil? Probablemente, no hubiera habido base para el posterior desalojo del PNV del poder. Lo que sí sabemos es que Rajoy logró gobernar en 2016 gracias a la movilización de su electorado contra Podemos. Y que Ciudadanos se convirtió en líder de la oposición en Cataluña con un discurso limpio de confrontación con el nacionalismo. El cambio de ciclo no se conseguirá con guiños al separatismo. Y mucho menos mediante el maltrato sistemático a los constitucionalistas, característica insólita de esta campaña electoral. Y aquí brilla el ministro del Interior.

Lo escribió ayer Santiago González: para esto mejor haber dejado a Trapero. Zoido no sólo calificó como «muy equilibrada» y «proporcional» la pasividad de los Mozos durante la huelga del miércoles; su abyecta complicidad con los saboteadores. También dijo que «no era el día para caer en provocaciones» y que esta vez los independentistas no pueden quejarse porque «no hubo un solo lesionado». Es decir, avaló la versión histérica del 1 de Octubre. Y, peor aún, despreció a los cientos de miles de catalanes cuyos derechos sí fueron salvajemente lesionados. Los trató como votantes cautivos cuando su deber es defenderlos, protegerlos, cautivarlos. Sus palabras son la expresión sucia, concreta y devastadora del apaciguamiento, que siempre abandona y enciende a los inocentes. Porque esa es la clave y la trampa innoble de la política de apaciguamiento: el apaciguamiento nunca es general. Sólo se apacigua a un lado. Al que no lo merece ni lo agradecerá.

El apaciguamiento marca la campaña catalana y también lo que vendrá. Una vez más, Dastis. El miércoles le dijo a la BBC: «Hemos creado un comité en el Parlamento para explorar la posibilidad de reformar la Constitución y ser capaces de acomodar las aspiraciones de parte de los catalanes». Es evidente a qué parte se refería. A la de siempre. A la que lleva el veneno, por citar a Juncker. La comisión de Estudio para la reforma constitucional inicia sus trabajos el próximo miércoles en el Congreso. Sería deseable que, como preámbulo, sus señorías releyeran la oración fúnebre de Pericles: «Imitad a estos ahora vosotros, cifrando la felicidad en la libertad y la libertad en la valentía, sin inquietaros por los peligros de la guerra». Porque hay un tipo de paz que promueve la guerra y un tipo de guerra que asegura la paz.

 

Artículo publicado en El Mundo el 11 de noviembre de 2017.