Desde primera hora de la tarde, recién proclamada la República independiente de Cataluña, TV3 mantuvo en un rincón de su pantalla un plano fijo de las dos banderas que ondean a lo alto del palacio de la Generalidad. El nacionalismo sabe de símbolos. Y su televisión, esa obscena máquina de propaganda, todavía más. Esperaban la imagen que representa mejor que ninguna lo sucedido ayer: la arriada de la bandera de España en una parte crítica y fundacional de su territorio. Al cierre de esta edición, la rojigualda seguía en su mástil. Y ahí debe seguir durante todo el periodo electoral inaugurado ayer por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

«Le digo a los españoles que estén tranquilos, que las cosas se harán bien, con mesura, con eficacia, como hemos hecho hasta ahora». El presidente del Gobierno español pronunció estas palabras en un pasillo del Senado, pasadas las cuatro de la tarde. Al escucharlas sentí una tristeza fría. Pensé en la sucesión de errores de cálculo y cesiones estériles que nos han traído hasta este punto infame. Hasta la proclamación de la República catalana contra la ley, la convivencia y la propia idea de España como una democracia joven pero adulta: trabada, fértil, en muchos sentidos ejemplar. Y recordé, porque yo soy yo y mi circunstancia, la carta que le envié a Rajoy cuando todavía era diputada del Partido Popular. La busqué en mis archivos. Había olvidado la fecha, 14 de octubre de 2015 —dos años ya—, y parte del contenido. La releí mientras Televisión Española conectaba en directo con el Parlamento catalán. Levanté la vista un instante: ahí estaban Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, rodeados de alcaldes tribalistas —bastones como lanzas— y delincuentes con carné de diputado. Gritaban eufóricos: «¡Libertad, libertad, libertad!». Fuera, un tumulto impune y caliente violentaba la calle y los restos muertos de la paz civil.

Volví a mi carta. Era una despedida, dura y crítica, sí, pero también una llamada desesperada a la acción. Pedía al presidente de mi Gobierno y todavía de mi partido que rectificara su política leguleya y tecnocrática hacia Cataluña. Que abandonara esa mezcla viscosa de cálculo y condescendencia que había desembocado en el humillante referéndum del 9 de noviembre de 2014. Que dejara de esconderse detrás de los jueces, fiscales y tribunales. Que encarara el desafío separatista con las armas limpias de la política. Es decir, con la convicción de que la España democrática no tiene deudas con el nacionalismo sino al revés. Y de que el separatismo no es un movimiento reactivo sino reacción en movimiento, una amalgama tóxica de mitos prefabricados y mentiras al por mayor.

El resto es historia. Y ayer se hizo con mayúsculas.

A Mariano Rajoy le han proclamado la República independiente de Cataluña. Se la han proclamado sin nocturnidad ni alevosía. A cámara lenta. Bajo el sol. Avisando una y otra vez: ¡Que vamos, que vamos! Y así las palabras de respaldo de sus colegas europeos sonaban ayer inevitablemente paternalistas, un reencuentro del primer mundo con la vieja excepción española. Macron. Merkel. May. Ellos nunca habrían tolerado algo parecido en sus respectivos territorios. El moderado de Mariano sí. Hasta la víspera, el Gobierno siguió fantaseando con atajos y alternativas. Hubo negociaciones en la sombra para sustituir la declaración unilateral de independencia por unas elecciones lampedusianas. Como si el delirio no tuviera también su lógica. Como si Puigdemont, el primer fanático, fuese a traicionar a sus fanatizadas masas en la recta final. La última ingenuidad. El jueves Puigdemont lloró tres veces ante sus colaboradores. Histérico. ¿Quién quiere ir a la cárcel con lo maravillosa que es la libertad? Pero bastó que un niñato subvencionado lo llamara Judas en Twitter para que el líder tembloroso volviera raudo al redil. El separatismo siempre iba a darse contra el muro. Era su destino. Lo que no sabíamos es que nosotros también.

Ayer se acabó una etapa de la historia de España. La que nació en 1978, estimulada por la memoria del horror y envuelta en consignas de buena voluntad. La Constitución no es la culpable del desastre. Lo son todos los que durante décadas —allí y aquí— abusaron de su letra y violaron impunes su espíritu. Pero no sobrevivirá indemne a esta crisis, que será larga, dura y desagradable. La aplicación del 155 marca un punto y aparte. Nada será igual. Y lo que vaya a ser depende ahora de los mismos que nos han traído hasta aquí.

El Gobierno tendrá que ser en la ejecución del 155 exactamente lo contrario de lo que ha sido en su empeño por evitarlo. Y sus primeras decisiones resultan, en este sentido, contradictorias. La destitución de los golpistas y la «extinción» del entramado institucional separatista son positivos, higiénicos, elementales. Pero la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas —opción siempre defendida por Ciudadanos— es mucho más dudosa. Por una parte, plantea un doble desafío al independentismo, que según los sondeos está a la baja. Y que tendrá que decidir si acude a unas elecciones autonómicas que calificarán de coloniales. Y con qué discurso. Pero, por otra, refleja una interpretación limitada del 155: de instrumento para el desmontaje del régimen nacionalista a mecanismo de descompresión política con resultados inciertos. ¿Y si el nacionalismo mantiene la mayoría?

La secesión de Cataluña no deja ya más margen para la vacilación, para ese legendario manejo lánguido de los tiempos. El Gobierno tendrá que liderar, por primera vez, la movilización masiva de los españoles en defensa de la democracia y la Constitución. Mañana marcharemos de nuevo libres e iguales por Barcelona, convocados por Sociedad Civil Catalana. Rajoy tendrá también que ignorar los escrúpulos tácticos del Partido Socialista, que ayer, en la hora más grave, volvió a demostrar su extravío estructural al salvar a TV3 de los efectos del 155. Es decir, al consagrarla como la televisión no ya del régimen sino de la República. Y sobre todo tendrá que estar dispuesto a ejercer la violencia legítima del Estado sin importarle lo más mínimo lo que digan el corresponsal de The Guardian o los editoriales chic del New York Times. Y si el delegado Millo quiere pedir perdón por las acciones policiales que peregrine a Montserrat. Porque todas las acciones en defensa de la restauración democrática en Cataluña y de la propia integridad territorial de España serán legítimas y necesarias. Y, por cierto, ninguna más simbólica que asegurar que la bandera española siga ondeando, todos los días y todas las noches, sobre el palacio de la Generalidad.

 

Artículo publicado en El Mundo el 28 de octubre de 2017.