Después de leer mi último artículo en estas páginas, Luis Garicano puso el siguiente tuit: «Mucho cuidado. Empieza la campaña para conseguir la impunidad por el caso de corrupción más grave de la democracia». Su valoración del caso Lezo como el peor desde la muerte de Franco, por encima de Filesa, Roldán, Ibercorp, KIO, Rumasa, ERE, Gürtel o cualitativamente Pujol, no me sorprendió. La actualidad es un narcótico: impone su agenda, adormece la memoria, favorece la exageración. Lo que me llamó la atención fue que Garicano —economista, hombre racional, partidario del sometimiento de la política a los procedimientos y conclusiones de la ciencia, ¡consejero de Euromind!convirtiese una defensa de las garantías procesales en un sórdido y, ojo, delictivo intento de encubrimiento. Es decir, que incurriese en el típico proceso de intenciones en el que anida el gusano populista. Como un Iglesias o un Sánchez cualquiera. Y pensé: estamos peor de lo que creíamos.

El concepto de objetividad hace tiempo que ha dejado de regir. Las políticas identitarias, hijas del pueril 68, han ido arrinconándolo de forma que lo relevante no es qué dices, sino quién eres. Hombre. Heterosexual. Español. O, como es mi caso, ex diputada del Partido Popular. O sea, según Garicano, una defensora de la corrupción. La devaluación de la objetividad ha favorecido a su vez a los censores. Esos apóstoles de la corrección, que patrullan la plaza pública en busca de descarriados a los que lanzar, ya amordazados, a la pira. Para todos ellos, la lucha contra la corrupción es un terreno ideal. Cualquiera que levante la voz contra los excesos justicieros es acusado de complicidad con el nuevo enemigo público número uno. Que su último blanco sea el fiscal jefe anticorrupción es una injusticia poética.

La sugerencia de Moix de sancionar a los medios que publiquen información protegida por el secreto de sumario ha sido rechazada por unanimidad. Hasta el ministro de Justicia ha salido raudo en su ataque. No fuera nadie a recordar que hace un año él propuso lo mismo. La reacción de Catalá es sintomática de una transformación decisiva. Nuestro director, Pedro García Cuartango, ha recordado que el oficio del periodismo consiste en molestar al poder. Sin duda. El problema es que el poder ya no es lo que era. Se ha fragmentado, como argumentó Moisés Naím. Y se ha degradado. El Ejecutivo está hoy sometido a una presión y a un nivel de escrutinio inéditos. El Legislativo ha perdido protagonismo e influencia frente a la telecracia. Los partidos tradicionales ya no luchan por la hegemonía sino por la supervivencia: el racional Macron, presidente sin partido; el doblemente fracasado Sánchez, renacido gracias al odio visceral a los poderes fácticos fácilmente reconocibles, de Prisa al PP. Ni siquiera el Poder Judicial es inmune a la disolución de las jerarquías —sólo hay que ver el espectáculo en la Fiscalía— y desde luego no lo es al ambiente. El poder menos transparente, representativo y accountable —y por tanto más obligado a la ejemplaridad— también es humano. «Gente del pueblo», diría Velasco. Los jueces tienen sesgos, limitaciones y en algunos casos se dejan arrastrar por lo que otros —en general, policías— escriben y filtran. ¿Y qué decir del Cuarto Poder? El periodismo de calidad, el guionista del mundo, ha perdido el monopolio de la información y del debate. Digitales basura. Mentiras en red. Obsesión por el click. La competencia es salvaje y su consecuencia es la mutación del periodismo: de contrapoder a correa de transmisión y brazo ejecutor. El cambio en la naturaleza del poder no ha reforzado los derechos cívicos. Los ha erosionado. Pocos ejemplos más nítidos que la publicación masiva, sistemática e impune de sumarios judiciales. Sobre todo, de aquellos declarados secretos también para las partes.

La indefensión de un investigado alcanza hoy niveles impropios de un Estado de Derecho. Está ciego. Su abogado no tiene acceso al sumario. No sabe de qué se le acusa. No puede preparar su defensa ni ofrecer su versión a los medios. Sin embargo, día a día, ve cómo su nombre acapara titulares. Cómo la opinión pública dicta sentencia. Y así durante meses, mientras el juez prorroga el secreto del sumario una y otra vez. Para cuando llega al banquillo, ya está desahuciado. Aunque el tribunal fuera impermeable al mundo exterior y dictase su absolución. Así le ocurrió, entre tantos otros, a Francisco Camps, al que el diario El País sigue citando como paradigma de la corrupción.

 

Es cierto que el Código Penal castiga a los jueces, fiscales o funcionarios que filtren datos de un sumario. Incluso con pena de prisión. ¿Pero alguien es capaz de ponerle cara o nombre a un filtrador? ¿Cuántos han sido condenados? «Casi cero», en desolada expresión de un catedrático de Procesal. La porosidad de los juzgados, camarotes de los hermanos Marx, no facilita la identificación de los culpables. Pero tampoco hay voluntad. La impunidad nace también de la convicción. Los hipócritas claman contra los filtradores con la boca pequeña. Porque la filtración es un negocio, desde luego político y a veces también económico. Y porque en los juzgados impera una práctica habitual entre nuestras élites: la irresponsabilidad. Es curioso. Ahora que está tan de moda exigir a los dirigentes políticos que asuman su responsabilidad in vigilando sobre la conducta de miles de cargos públicos, nadie exige a los jueces que asuman la suya sobre los delitos cometidos entre un puñado de colaboradores. En Estados Unidos y Reino Unido se han disueltos jurados y se han anulado juicios por la contaminación mediática. Aquí no pasa nada.

Tampoco los medios han sido proclives a asumir su responsabilidad ante ciudadanos inocentes. La jurisprudencia, subrayan, les protege. Y es cierto. Pero para un buen periodista, qué triste consuelo. La utilización de material robado a sabiendas; la divulgación de datos fiscales —Aznar, Aguirre, ahora Bardem—; la vulneración del derecho a la intimidad mediante la publicación de conversaciones sin interés para la causa… España se ha convertido en un tabloide. En cambio, el país que los inventó (y quizá precisamente por ello) ha escogido un camino distinto. En Gran Bretaña rige desde 1981 el Contempt of Court Act, según el cual un medio puede ser castigado por contribuir a un juicio paralelo o publicar una información sujeta a secreto. ¿Vamos a acusar por ello a los británicos de laxitud ante la corrupción o de insensibilidad hacia la libertad de prensa?

En el otro extremo, el caso más asombroso es el que ayer citaba Enrique Gimbernat. El Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo dictó en julio de 2014 lo siguiente: «Si el objeto de la información es un procedimiento de investigación penal, los medios pueden prescindir de pesquisas propias, siempre que de las averiguaciones de la policía o de la fiscalía se haya derivado una sospecha, la cual justifica —aun teniendo en cuenta los intereses del afectado— que la información sea publicada». Es decir, que las meras sospechas, pongamos, del comisario Villarejo o del juez Garzón (los fiscales alemanes son el equivalente a nuestros jueces instructores) eximen al periodista de investigar nada. De cotejar nada. De verificar nada. Palabra de la Autoridad, palabra de Dios. Pocos párrafos resumen mejor el sometimiento de los medios al poder. El desprecio al sentido mismo del periodismo.

Los medios han de encarar su responsabilidad y respetar límites claros, en beneficio del sistema democrático, pero también de sí mismos. ¿Qué interés puede tener un periódico frente a cualquier plataforma basura si no es capaz de ofrecer a sus lectores la fuerza del hecho, el valor añadido de la verdad? La conjetura iguala a todos los medios por lo bajo. La verdad distingue. Pero, claro, frente a la decadencia tendrán que pasar dos cosas. Que los periódicos recuperen su vocación contracorriente. Y que sus accionistas estén dispuestos a asumir el coste.

 

Artículo publicado en El Mundo el 8 de mayo de 2017.