Carmen Ladrón de Guevara, una joven abogada de la AVT, reveló en 2011 que hasta 324 asesinatos de ETA no tenían un autor material conocido o condenado. Su investigación causó un impacto notable. Carmen es mi amiga y cuando Le Monde publicó la exclusiva del desarme de ETA le pregunté si el dichoso acontecimiento contribuiría a esclarecer los crímenes terroristas. Me contestó que las pistolas probablemente habrían sido lavadas de huellas digitales o restos de ADN. Que en el mejor de los casos, por las pruebas balísticas, podría vincularse un arma a un asesinato pero no un asesino a una víctima. Que la impunidad persistiría. Y añadió: «Por cierto, ¿sabes que no tenemos una cifra oficial de muertos? El Estado español —el Gobierno, la Audiencia Nacional, nosotros, cualquiera— no sabe exactamente a cuántas personas ha matado ETA. Las cifras varían. Compruébalo tú misma». Así lo hice, con su ayuda.

  • El enciclopédico y conmovedor Vidas Rotas fija los asesinatos de ETA en 858. Hay que añadir al gendarme Nérin, tiroteado en marzo de 2010, después de la publicación del libro. Total: 859.

 

  • El portal del Ministerio del Interior incluía hasta hace poco un listado de víctimas mortales de ETA y una cifra oficial: 829. Ya no. Ahora sólo aparecen dos tablas: una de «fallecidos indemnizados» y otra de «condecorados con la Gran Cruz al reconocimiento civil». En ambas se mezclan, sin distinción, las víctimas de ETA con las de otros grupos terroristas, desde el Batallón Vasco Español hasta Al Qaeda.

 

  • La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo ha difundido distintas cifras a lo largo del tiempo. Ninguna coincide con la del Ministerio del Interior, a pesar de su dependencia orgánica directa. Un informe de 2009 fija en 843 las víctimas directas de ETA y en 12 las de su «radicalismo afín». Total: 855. Y el pasado 8 de febrero Sonia Ramos, la actual directora, aseguró en una entrevista que «hay 865 víctimas mortales de ETA identificadas». No explicó cómo había llegado a este dato, que no aparece en ningún documento oficial.

 

  • El Gobierno vasco —su sibilinamente llamada Secretaría General de Paz y Convivencia— publicó en 2014 un breve Informe sobre la situación procesal de los atentados terroristas con resultado de muerte desde 1960. El documento analiza las discrepancias en las cifras y añade otra más: 849.

 

  • El Instituto Valentín de Foronda, vinculado a la Universidad del País Vasco, elaboró en 2015 un buen estudio sobre los efectos del terrorismo en la sociedad vasca. Su conclusión es que ETA ha matado a 845 personas.

 

  • Carmen Alba, coordinadora de la Oficina de Asistencia a Víctimas de la Audiencia Nacional, aprovechó unas jornadas sobre terrorismo en mayo de 2016 para anunciar una «exclusiva»: «Hay 864 asesinados por ETA». La cifra fue recogida en la última memoria de la Audiencia, pero sin un listado que permita su cotejo con los datos aportados por otros organismos.

 

  • La Fundación de Víctimas del Terrorismo cita en su página web dos cifras distintas: un gráfico muestra 829 asesinatos; un listado los deja en 823.

 

  • La AVT y Covite, antes divergentes en sus cifras, coinciden ahora en no darlas. Saben que ningún dato es fiable. Y saben que las dudas sobre el número de muertos son el reflejo de un déficit más profundo.

 

Es cierto que ETA no siempre ha reivindicado su autoría criminal. Y que las circunstancias de algunos atentados son confusas. Aun así, la disparidad estadística es insólita. No hay dos cifras iguales. No existen criterios unificados. No hay un registro compartido sobre el hecho que define el terrorismo. Es un mal síntoma. Un Estado que no es capaz de contar a sus muertos difícilmente podrá construir un relato que los honre.

 

El sainete del pasado sábado, con sus curas y sus caraduras, ha vuelto a dejar en evidencia la compleja, por acomplejada, relación de los españoles con la verdad. Frente al rearme propagandístico de ETA, el Estado parece ideológicamente desarmado. Es la consecuencia de un viejo malentendido. Sí, ETA es una banda de analfabetos. Su último comunicado deja en ridículo cualquier amago de mitificación. Pero no, ETA no son cuatro psicópatas con pistola. La entrega de las armas —incluso la disolución que a diario nos anuncia el verificador Aizpeolea— no elimina su amenaza. ETA era sus medios terroristas y sigue siendo sus fines totalitarios. La anulación de lo primero no elimina lo segundo. Si acaso, lo refuerza. Esta es la realidad que el Estado no quiere afrontar: cientos de miles de vascos justifican o comprenden el uso de la violencia contra la democracia; cientos de miles de vascos siguen votando un proyecto incompatible con el pluralismo y la libertad. Es una verdad desagradable, incómoda. Y hay que encararla con la misma autoridad con que se asume que el nazismo no fueron sólo sus jefes.

 

Alemania, Francia y Holanda son «democracias militantes»: sus constituciones prohíben la defensa de determinadas ideas. España, no. Aunque pudo serlo. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que avaló la ilegalización de Batasuna, dejó balizado un difícil camino político y moral:

 

—«Un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una a varias reglas de la democracia o que pretende su destrucción, así como el desprecio a los derechos y libertades que reconoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio de Roma».

 

—«Un Estado debe poder razonablemente impedir la realización de un proyecto político incompatible con las normas del Convenio de Roma, antes de que sea puesto en práctica por actos concretos con riesgo de comprometer la paz y el régimen democrático en el país».

 

—«Un Estado puede imponer a los partidos políticos, formaciones destinadas a acceder al poder y dirigir una parte importante del aparato estatales, el deber de respetar y salvaguardar los derechos y libertades garantizados por el Convenio, así como la obligación de no proponer un programa político en contradicción con los principios fundamentales de la democracia».

 

Estos criterios no sólo dejarían fuera del sistema a Bildu y Sortu. También a los que promueven el escrache de sedes rivales. A los que atacan la legalidad democrática desde las propias instituciones. A los que acosan a un ministro en su escaño. A los que dicen de sí mismos lo que Goebbels de la entrada del partido Nazi en el Reichstag: «Hemos venido a paralizar el espíritu de la democracia con su propio apoyo. Si la democracia es lo suficientemente tonta como para darnos dietas y transporte gratis, es cosa suya. ¡Venimos como enemigos! Como el lobo sobre el rebaño de ovejas, así es como venimos».

 

Pero España no quiere ser una democracia militante. Aceptamos lobo como animal de compañía. Consentimos a fuerzas totalitarias, rupturistas y xenófobas. Asumimos que todas las ideas son legales, siempre y cuando no sean defendidas a tiros. Bien. Pero entonces encaremos las consecuencias. Si no somos una democracia militante, al menos militemos en la democracia. Demos la batalla ideológica contra el sórdido proyecto de autodeterminación que tantos comparten con ETA. Y contemos a los que murieron por defender las ideas que defendemos.

 

Artículo publicado en El Mundo el 10 de abril de 2017