Primeros días de junio de 2005, en la antigua redacción de El Mundo. Recibo una llamada de La Moncloa. «El presidente del Gobierno quiere verle. ¿Puede ser esta misma tarde?» José Luis Rodríguez Zapatero está en su despacho, un lugar luminoso, fresco, zen. Tiene la palabra blanda y el gesto preocupado. Las víctimas del terrorismo han convocado una segunda manifestación contra su política y cuentan con el apoyo del Partido Popular. Zapatero me mira fijamente a los ojos, como la sinuosa Kaa al porfiado Mowgli: «Confía en mí, sólo en míiiii…» Me asegura que el Gobierno no está negociando nada con ETA y que ETA está prácticamente liquidada: «El próximo terrorista que detengamos será un policía infiltrado». Dieciocho meses más tarde, explota la T4. Y después de la T4 hay otros diez asesinatos.

Recordé esta secuencia al ver El fin de ETA, un documental producido por Prisa que la web de El País volvió a emitir aprovechando el anuncio del desarme de la organización terrorista. Sus guionistas son dos veteranos de la casa, José María Izquierdo y Luis Rodríguez Aizpeolea, y es el primer intento de aprovechar la fuerza del cine —superior a la de cualquier obra literaria; a la de Patria, con sus 150.000 ejemplares vendidos— para la fijación de un relato público sobre el final de la violencia en España. El resultado es una hagiografía de Alfredo Pérez Rubalcaba.

El documental no presenta el fin de ETA como el triunfo de la democracia. De los mártires. De los concejales amenazados. De la resistencia cívica. De las manos blancas. Del coraje policial. De la Ley de Partidos. De la ley a secas. Lo presenta como la obra de ingeniería política de un genial estratega que supo aprovechar la complicidad de un tándem de visionarios: Jesús Eguiguren, entonces presidente del PSE, y Arnaldo Otegi, líder de Batasuna.

Eguiguren y Otegi cuentan cómo desde el año 2000 se reunieron en secreto en un recóndito caserío de Elgoibar. Estaba vigente el pacto antiterrorista. Cómo, a pesar de los asesinatos de unos y las detenciones de otros —así, en letal equivalencia—, lograron trabar una bonita amistad. Cómo el socialista fue comprendiendo las razones (sic) del terrorista: «Tenían mil presos, habían sufrido torturas; me di cuenta de que, frente a los que negaban la existencia del conflicto, existía un conflicto y de los gordos». Y cómo a su vez El Gordo se cayó del caballo: «El 11-M fue un shock brutal porque fue una acción indiscriminada». Hipercor, al parecer, no.

El documental reserva a Otegi un hueco privilegiado en la historia. El mismo que nuestros periódicos han concedido al irlandés McGuinness. No valora lo que dice al final de la película: «Yo no condeno la violencia porque es mi posición política y hemos pagado mucho por ella, como Nelson Mandela». Ni tampoco la incompatibilidad entre sus ideas y la convivencia democrática. Véanse la paliza de Alsasua y el páramo de Hernani.

En enaltecimiento de Otegi contrasta con la imagen que el documental proyecta del PP: el principal obstáculo a la paz; una fuerza hipócrita, movida por el odio y el rencor hacia el PSOE. Los guionistas Izquierdo y Aizpeolea han hecho una película para los suyos. Han renunciado a un relato veraz, capaz de ser compartido, útil para la democracia. Y algo más: han legitimado el uso de la mentira en política.

 El fin de ETA es un doble homenaje a la posverdad. Por lo que es y por lo que cuenta. Fotograma a fotograma, va dejando en evidencia las mentiras no del PP sino de Rubalcaba. Se omiten episodios de la negociación como la excarcelación del etarra De Juana Chaos o el chivatazo policial a ETA. Pero el efecto es el mismo. Queda demostrado que el hombre que dijo «los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta» hizo de la mentira un método. Ante la prensa. En sede parlamentaria. En sus indignadas réplicas a la oposición. Y en la propia mesa negociadora. Y no, tampoco hubo un fin que justificara lo injustificable.

Lo narra la propia película con ritmo trepidante. Los emisarios del Gobierno se reunieron en Suiza y Noruega, primero con Josu Ternera y después con Thierry. Hablaron de los presos, pero también de política: de la autodeterminación del País Vasco y de la anexión de Navarra. Y pactaron. Las negociaciones continuaron incluso después de la T4, hasta que la mentira estalló en pedazos.

La negociación de Rubalcaba con ETA fue un fracaso. Dilató la derrota policial de la organización y rehabilitó a Batasuna. Es decir, prolongó una visión restrictiva de la amenaza etarra. ETA, no como vanguardia terrorista de un proyecto totalitario —que sigue vigente y tiene distintos intérpretes— sino como una banda de pistoleros a las puertas del paro.

El relato de la derrota de ETA sigue, por tanto, pendiente. Y lo seguirá, a juzgar por cómo unos y otros han encarado el desarme. El submundo abertzale ha tomado la iniciativa. Ha puesto a sus guionistas a trabajar y el próximo 8 de abril vamos a asistir a un sainete digno de Berlanga: La escopeta nacionalista o Patrimonio vasco. Las armas no serán entregadas al Estado democrático al que ETA lleva agrediendo 40 años, sino a lo que Otegi, podémico, llama «la soberanía popular». Su gente. Nada de ciencia judicial y policial: ¡vivan los «artesanos de la paz»! Su portavoz se llama, enfáticamente, Txetx Etxeberry. Es ecologista, sindicalista, altermundialista y batasuno. Participó en la creación del eusko, divisa y emblema de un Iparralde autárquico, y ha lanzado una campaña contra la evasión fiscal consistente en irrumpir en bancos y sustraer las sillas. Este Robin Hood de los encapuchados, valga la redundancia, entregará a los inverificables verificadores internacionales una lista de los zulos de ETA con su correspondiente geolocalización para que luego, en feliz romería y con la ayuda de Google Maps, las Fuerzas de Seguridad francesas los puedan desmantelar. Se admiten los selfies.

¿Y el Gobierno español? Ha decidido inhibirse. El presidente Rajoy ha cedido al lehendakari Urkullu el liderazgo político del desarme y a ETA, la decisión sobre su escenificación. Los portavoces del Ejecutivo se defienden: ¿cómo vamos a impedir que ETA entregue las armas? Nadie lo reclama. Pero si el Gobierno sabe dónde están los zulos, ¿por qué no se adelantó? ¿Por qué niega a la sociedad española la foto de la derrota de ETA? ¿Por qué facilita a los violentos la construcción de su relato? Y, sobre todo, ¿por qué le da al nacionalismo argumentos para exigir al Estado contraprestaciones a la «generosidad» de ETA en forma de acercamientos de presos y excarcelaciones? El ministro del Interior desmintió ayer que el Gobierno vaya a acercar presos al País Vasco. Ojalá sea verdad, señor Zoido. Y ojalá la democracia española tuviera un guionista.

 

Artículo publicado en El Mundo el 27 de marzo de 2017.