En julio de 1974, Franco fue hospitalizado y el entonces príncipe Juan Carlos asumió por primera vez la jefatura del Estado. A partir de ese momento, y sobre todo tras la muerte del dictador en noviembre del año siguiente, los ataques a la figura del joven Borbón se recrudecieron. Las críticas eran ácidas y de origen diverso. La izquierda tenía nula confianza en el reformismo de Juan Carlos, sucesor de Franco a título de rey, y muy poca en su capacidad de superar el ocaso del régimen. Todavía desde el exilio, el comunista Carrillo lo apodó, con sorna afrancesada, Jeannot le bref. Juanito el breve. Con la implicación personal del rey en el proceso de apertura a la democracia diseñado por Torcuato y liderado por Suárez, la actitud de la izquierda pasó del desprecio al pragmatismo colaborador. Sin embargo, desde la extrema derecha los ataques continuaron. Y se agudizaron. Títere. Tartamudo. Traidor. Las invectivas contra el monarca por su radical desmentido del mandato continuista de Franco arreciaron hasta culminar en el 23-F. Esa noche, ante millones de espectadores, Juan Carlos logró fundir los conceptos de monarquía y democracia frente al golpismo. Y se consolidó.

Treinta y cinco años después asistimos a un proceso similar. Otro joven rey Borbón empieza a ser percibido como la garantía de la democracia frente al golpismo. Si Juan Carlos fue blanco de la extrema derecha golpista, Felipe lo es hoy del golpismo de signo separatista. Como entonces, los nuevos reaccionarios no atacan a la persona del rey. Poco les importan su preparación, su prudencia o sus esfuerzos por desvincularse del cuñado, de Corina y de la corrupción. Lo que atacan es el suelo democrático que lo sustenta: la voluntad soberana de los españoles, que en 1978 votaron libres e iguales su Constitución y aceptaron la monarquía parlamentaria como forma política del Estado.

 

Las agresiones al rey se han convertido en una rutina en Cataluña. En el último año decenas de ayuntamientos catalanes han declarado a Felipe VI persona non grata a instancias de ERC y la CUP. La aburguesada Sitges lo hizo incluso con el voto favorable de una coalición que incluye al PSC. Durante la Diada. En happenings callejeros. En municipios grandes y pequeños. En el embrutecido pleno del ayuntamiento de Barcelona. En sesiones del Parlamento. Entre consignas a favor de la libertad de los países catalanes (sic) y para acabar con el franquismo emboscado (sic) en la Constitución. Contra el código penal, las reiteradas advertencias judiciales y hasta una sentencia del Tribunal Constitucional… La foto del Rey se ha convertido en el objetivo fetiche del separatismo. La colocas boca abajo, enciendes un mechero y ya: cobertura mediática garantizada. Y, con ella, la medalla de la tribu.

 

Los ataques a la corona han tensado —no roto— las relaciones entre los protagonistas del proceso secesionista. La distinción entre el nihilismo de la CUP y un separatismo susceptible de reconducción con cariño y dinero es otra fantasía madrileña. El que legitima la piromanía antisistema de los Gabriel y Garganté es el nacionalismo del establishment. El de traje y corbata. El que predica e incluso se instala en el Palace. El que reclama diálogo mientras trama la insumisión. Dos ejemplos. La segunda toma de posesión de Artur Mas, el 24 de diciembre de 2012, cuando ocultó el retrato del rey Juan Carlos bajo un telón de terciopelo funerario. Y la reciente decisión de Puigdemont de relegar el discurso navideño de Felipe VI al clandestino canal 3/24. Arzalluz ejercía de padrino viejo de «los chicos de la gasolina»; Puigdemont, de la muchachada del mechero.

 

El acoso del separatismo a la corona produce el mismo efecto que el 23-F. Felipe VI emerge como un símbolo de aquello que el golpismo pretende destruir: la propia democracia. Este paralelismo se proyecta también sobre los dos últimos discursos navideños del rey. Más sentimental, menos emocionante, más inconcreto, el discurso de este año, sin embargo, reafirma la posición de la corona ante el desafío separatista. No es un paso al costado. Si acaso, el tono y algunas frases sugieren un nuevo pesimismo sobre la evolución de Cataluña. Como si el rey hubiera agotado personalmente su disposición a encontrar una salida cordial a un conflicto visceralmente deseado y alentado por los secesionistas. «La vulneración de las normas que garantizan nuestra democracia y libertad sólo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad». «No son admisibles ni actitudes ni comportamientos que ignoren o desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los españoles para la organización de la vida en común». Estas frases no desprenden el entusiasmo del que anima un proyecto colectivo en construcción, sino la inquietud del que lanza una urgente advertencia democrática. Y la reacción de Forcadell y Junqueras, invocando una fantasmagórica democracia desvinculada de la ley, las justifican.

 

Los próximos meses pondrán a prueba el papel de la corona. La claridad del rey será decisiva, aunque también influirán otros factores, como la actitud de los principales medios y partidos nacionales. Es notable la tendencia de la prensa a minimizar en sus editoriales lo que destaca como atropellos antidemocráticos en portada. Como fue notable el menosprecio del Gobierno a la corona durante su etapa en funciones. En enero Rajoy filtró su enfado con el rey por haberle designado candidato. Y en julio rozó el conflicto institucional al cuestionar que la propuesta del rey le obligase a presentarse a la investidura. A las vacilaciones del sistema se añade el consenso en torno a la necesidad de una reforma constitucional sin horizonte ni otra justificación real que la de satisfacer al nacionalismo, y cuyo único resultado concreto puede acabar siendo la agitación del debate entre monarquía y república.

 

Ante esa perspectiva, cabe insistir en lo que Libres e Iguales afirmó en su acto Por el pacto español. Sí, la Constitución de 1978 contiene dos anacronismos: los derechos históricos y la monarquía. Pero uno se ha convertido en causa y síntoma de la enfermedad segregacionista, y el otro en metáfora y garante del acuerdo civil. No es casualidad que los defensores de los derechos históricos, de izquierdas y de derechas, converjan en un renovado odio a la monarquía. Son los falsos republicanos. Los que se alzan contra Felipe VI en nombre de los principios que el nacionalismo agrede de manera sistemática: la libertad del individuo frente al mito totalitario, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y la empecinada fraternidad de los españoles. Frente a los nuevos reaccionarios, la democracia coronada.

Artículo publicado en El Mundo, el 26 de diciembre de 2016