Como es natural, no sé cuáles son los planes del presidente del Gobierno ni de todos aquéllos que pueden decidir sobre las listas electorales del PP. Pero, dado que durante los últimos siete años he sido diputada en sus filas, anoche comuniqué al presidente Rajoy mi deseo de no volver a formar parte de su candidatura.

No podría ir en las listas porque no encuentro argumentos suficientes para defender la gestión del Gobierno ni para pensar que el presidente Rajoy actuaría de forma distinta a como lo ha hecho hasta ahora. No podría porque creo en la responsabilidad del liderazgo y en la política como una suma de convicciones, coraje y capacidad de desafío. Ni la hipótesis de una renovación profunda de las candidaturas del PP ni la incertidumbre que provoca el resto de opciones políticas pueden compensar lo que me parece un hecho incontestable: en estos cuatro años de mayoría absoluta, la democracia ni se ha regenerado ni se ha defendido.

Es verdad que el presidente Rajoy evitó el rescate y que la economía se recupera. Pero el Gobierno ha despreciado la política y ha desoído todas las alarmas. Ni las advertencias internas y externas, ni la grave pérdida de poder autonómico y municipal, ni la irrupción de un poderoso adversario en el espacio electoral del PP le han movido a la rectificación. Desde mayo hemos asistido a una renovación cosmética, a una convención sin propuestas y a una campaña catalana errática. La confianza es un bien delicado y escurridizo. Para mí, la actitud del presidente Rajoy ante el reto separatista catalán ha sido determinante.

Éste es, a mi juicio, el itinerario del fracaso:

1. El 9-N, el Gobierno abdica de su responsabilidad constitucional de hacer cumplir la ley en Cataluña. Su inhibición genera una profunda sensación de desamparo. Diluvia sobre mojado: sobre las sentencias lingüísticas incumplidas, sobre las esteladas impunemente desplegadas en los mástiles institucionales y sobre el empeño con que el Gobierno minimizó como «pantomima» la consulta secesionista. El Gobierno traslada la responsabilidad al Tribunal Constitucional y al fiscal general del Estado. Pero es inútil. El fiscal replica con una dimisión irrevocable en defensa de su dignidad. A la erosión del PP se suma la erosión de las instituciones.

2. El PP designa su candidato a la Generalidad apenas dos meses antes de las elecciones, cuando las encuestas anticipan una catástrofe que sólo puede imputarse parcialmente a la gestión de la crisis económica. En los malos augurios influyen el deterioro de la imagen de Alicia Sánchez-Camacho y su estéril apoyo parlamentario al desleal Artur Mas. Pero, sobre todo, influye la incapacidad del Gobierno para erigirse en principal garante de la libertad, la igualdad y la ley.

3. En pleno verano el presidente Rajoy abre la puerta a una reforma constitucional. El anuncio revoluciona la precampaña catalana. Para mal. No sirve a su propósito de desactivar la acusación de inmovilismo y legitima a los que dan la Constitución por amortizada. Se deja de hablar de la agresión del nacionalismo a los principios constitucionales para hablar de los cambios constitucionales necesarios para encajar al nacionalismo. Los portavoces del PP se ven obligados a hacer malabarismos dialécticos para concretar aspectos de una reforma que es puro humo electoralista. Tres semanas más tarde, el PP da marcha atrás. En el aire queda la sospecha de que el PSOE ya no es el único partido que no sabe qué hacer con España.

4. La decisión de reformar el Tribunal Constitucional, anunciada en vísperas de la campaña, es bien vista por muchos catalanes hartos de vivir a la intemperie del derecho. Pero el PP no la rentabiliza, y no precisamente por un exceso de pudor institucional. El oportunismo delata la oportunidad perdida. Si la reforma era imprescindible, ¿por qué no se abordó antes del 9N? Si el reto es tan serio, ¿por qué lo llamaron «pantomima»? El desafiante «se acabó la broma» se disuelve en un desolado «el Estado lleva tres años de broma».

5. El ministro de Exteriores irrumpe en la campaña como insólito protagonista de un debate con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. La mera celebración del debate consagra una falsa bilateralidad entre Cataluña y España y supone una claudicación de la política y de la razón. El ministro remata su intervención con una apelación simétrica a la responsabilidad: «Oriol, se os quiere, no rompamos». Ni las declaraciones de Obama, Cameron, Merkel y Sarkozy son capaces de disipar la desconfianza hacia un Gobierno cabizbajo.

6. A pocos días de las elecciones, el periodista Carlos Alsina le pregunta al presidente del Gobierno por qué los catalanes habrían de perder la nacionalidad española una vez independizados. Mariano Rajoy -que teóricamente lleva tres años madurando la respuesta del Estado al separatismo- vacila, duda, no responde. No le dice que lo que plantea es política y jurídicamente absurdo. No le contesta que es grotesco querer ser ilegalmente independientes y constitucionalmente españoles a la vez. Se pierde. Y con él pierde el PP.

Hasta aquí el itinerario.

Hace unos días, el diario ‘La Vanguardia’ anunciaba en su portada: «Rajoy dejará fuera de su campaña el debate catalán». No sé si será cierto, pero se trataría del reconocimiento definitivo de un fracaso que es el resultado inevitable de haber asumido tres viejas falacias políticas.

La primera es la de creer que el centro se define, no en función de criterios económicos o morales -más o menos intervención del Estado; mayores o menores reservas en asuntos como el aborto-, sino de la cercanía con el nacionalismo. En otras grandes democracias del mundo, el nacionalismo es despreciado por xenófobo, liberticida y radical. En España, a los que lo combatimos nos llaman extremistas. El presidente Rajoy tenía la oportunidad y la obligación de desafiar este paradigma, herencia lamentable del franquismo. Tendría que haber insistido en que la democracia española no tiene una deuda con el nacionalismo, sino que el nacionalismo tiene una deuda con la democracia, a la que ha tratado con deslealtad. Y tendría que haber reagrupado a todos los ciudadanos que compartimos un suelo transversal de valores democráticos comunes para forjar una centralidad española basada en la razón y la verdad. Y no lo hizo.

La acción del Gobierno también se ha visto lastrada, literalmente, por el mito de que el inmovilismo propio garantiza la desmovilización ajena. Esto es falso siempre y sobre todo ante el primer problema político español. El separatismo no es un movimiento reactivo sino una reacción en movimiento. Se alimenta de mitos prefabricados y odios preconcebidos. Y un Estado democrático debe hacerle frente en defensa del pluralismo y la convivencia. Los resultados de una Cataluña partida dramáticamente en dos mitades obliga a preguntarse: ¿Qué habría sucedido electoralmente si el constitucionalismo hubiera contado desde hace tres años (¡y desde hace 30!) con el apoyo y la movilización del Estado?

Por último, tampoco la letanía gubernamental acerca de «los problemas reales de la gente» tiene fundamento. Durante cuatro años, los españoles han reclamado una mayor sensibilidad hacia las personas golpeadas por la crisis, menos vacilaciones contra la corrupción, la despolitización urgente de la justicia, más democracia interna en los partidos, una rotunda deslegitimación histórica y política de la violencia etarra, un amparo inequívoco a las víctimas del terrorismo y, por supuesto, una defensa nítida y emocionante de lo que nos hace ciudadanos y une como españoles. La respuesta del Gobierno ha sido tecnocracia y plasma. El Gobierno ha actuado como si los ciudadanos tuvieran una cartera donde habitan el corazón y la cabeza, y como si los votantes del PP fueran votantes cautivos. No lo son. No lo somos.

Hace nueve años dejé este periódico para incorporarme al Partido Popular. Estaba convencida de que era el mejor instrumento para defender mi idea de España. Un país reconciliado consigo mismo y con su pasado, alejado de la vieja retórica del fracaso y del adanismo pueril. Una nación plenamente europea en su oposición al nacionalismo identitario. Una democracia dispuesta a defenderse y sin miedo a renovarse. Una España de ciudadanos juntos y distintos, libres e iguales.

Creo que el Partido Popular puede seguir siendo ese partido. Pero no con este presidente y no sin un nuevo proyecto. No estaré en las listas del PP, pero seguiré trabajando para que España tenga el partido moderno, valiente, adulto y central que merece y necesita.

El Mundo, 14 de octubre de 2015